A primera vista, la tercera persona que acude a ti parece ser un caso mucho más claro: admite ser una inmigrante ilegal. Estás a punto de estampar en tu pasaporte el sello de admisión denegada, cuando alega unas circunstancias especiales.
Fue introducida en el país por una mafia de trata de blancas cuando era solo una adolecente, pero consiguió escapar de sus captores con la ayuda de un joven que, a su vez, era inmigrante ilegal. Eso fue hace varios años. Desde entonces, han hecho una vida juntos en el país. Han formado una familia de tres hijos que, al haber nacido en el país, adquirieron automáticamente la nacionalidad.
Los niños aún van a la escuela, y si sus padres fueran deportados, ellos no podrían seguirlos porque solo tienen un pasaporte. Así que se quedarían solos y el estado tendría que hacerse cargo de ellos hasta su mayoría de edad, a un costo considerable. Si deportaran a la mujer de este caso, no solo romperías una familia, sino que añadirías una carga más sobre un sistema de seguridad social ya sobrecargado.